Dr. Alejandro Santana Rosario.
Cada día se hace más necesario que las autoridades definan una política de desarrollo de la Zona Fronteriza. Esto así por la importancia que tiene el hecho de compartir la isla con una nación que, como Haití, mantiene un nivel de desarrollo económico y cultural muy diferente a la Republica Dominicana, en términos de que es una sociedad mucho mas atrasada que la nuestra.
Y es que el escaso desarrollo de la frontera puede provocar un éxodo masivo de ciudadanos dominicanos hacia los grandes centros urbanos, quedando estos pueblos a lo largo de la frontera, a merced de la penetración de ciudadanos haitianos, lo cual es perjudicial a la seguridad del Estado Dominicano.
La propia constitución dominicana declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. (Articulo 10 de la nueva constitución dominicana)
Necesitamos crear el Ministerio de Desarrollo Fronterizo, para reunir en un solo organismo a todas las instituciones oficiales que se encuentran trabajando de forma dispersa y sin coordinación en cada una de las provincias fronterizas.
Es necesaria la elaboración de una Ley General de Frontera, ya que la ley 28-01 Sobre Zona especial de Desarrollo Fronterizo, solo se limita a dar beneficios a las empresas que se instalan en la Zona Fronteriza.
Se debe especializar un Fondo de Desarrollo Fronterizo. Este fondo especial debe emplearse para la creación de infraestructura en los pueblos fronterizos con vocación turística, hay que desarrollar a Barahona y a Montecristi, Santiago Rodríguez puede desarrollar el ecoturismo; en fin, creo que debe levantarse un gran movimiento para el desarrollo de la zona fronteriza.
Esto no es solamente una propuesta, sino, un mandato constitucional. En efecto, el numeral 1 del articulo diez de la constitución dominicana expresa que: Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos.
Es tiempo de cambiar el estado de olvido que por tantos años impera con en torno a las provincias fronterizas aprovechar los grandes recursos humanos y ecológicos que tienen estos pueblos.
El autor es graduado en ciencias jurídicas y políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
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