Los padres y abogados de una menor de 17 años, acusaron el aspirante a diputado, Ramón Antonio Fernández Martínez (papo Fernández) de violación sexual y de incumplir con un acuerdo de indemnización de 300 mil pesos a favor de la niña ultrajada, en esa provincia de la línea noroeste.
Darío Estévez (padre) e Isabel Celeste Cruz (madre), residentes en el barrio mejoramiento Social, narraron que al momento de ocurrir el caso su hija que nació el día 4 de mayo del año 1992, solo tenía 14 años de edad y estudiaba en el liceo público del municipio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)
Según consta en el expediente judicial, el aspirante a diputado aprovecho que la menor pedía ayuda en las calles para un tío que estaba enfermo, momentos en que se acerco el político y le dijo que la ayudaría pero debían ir a conversar en otro lugar porque era un hombre casado, la llevo a la cabaña de la ciudad y le consiguió un ayuda económica después de conversar, como forma de contribuir para la salud del pariente.
Otro día se produjo la misma acción y cuando la menor fue al baño del citado negocio, la espero con un vaso de cerveza el cual le dio y de ahí nunca supo de ella, hasta que despertó violada.
La situación se supo, porque la menor contó lo ocurrido a una tía, la que dio parte a los padres, quienes procedieron a conversar con el supuesto violador, quien le prometió mediante un pagare notarial que indemnizaría la niña con una casa amueblada que costaría 300 mil Pesos según consta en el expediente y expresaron los querellantes.
El pagare establece que es una deuda por concepto de un préstamo, que deberá pagar el político, en etapas de diez mil pesos, de la cuales pago cinco, también para que el caso no fuera llevado a la justicia, dijo el padre de la menor.
Señalaron los padres que, al no cumplir entonces procedieron a llevarlo ante la Justicia en fecha 12 de marzo del 2009, presentando un querella acompañada de un certificado del médico forense, quien diagnostico desgarre de himen total antiguo y el pagare notarial incumplido.
AL ser apresado y sometido a la justicia por la fiscal adscrita a la policía, Luz Altagracia Pérez, al día siguiente se declaró abierta en el juzgado de la instrucción, la audiencia preliminar por violación a los artículos 330,331 del código procesal penal de la República Dominicana modificado por la ley 24-97 y el artículo 336 de la ley 136-03, del código para la protección y los derechos fundamentales de niñas niños y adolescentes.
La decisión del tribunal presidido por la Juez, Claudia Canaán, que le impusó una medida de coerción de impedimento de salida del país, presentación periódica al tribunal cada 20 días, fue tumbada por una decisión del tribunal colegiado que lo descarga de culpabilidad.
Apelación
La decisión del tribunal fue apelada por el fiscal y la abogada constituida Licenciada Mayra Gil, que en acuso a las autoridades de haber cometido un fraude con el conocimiento del proceso.
Alega que los abogados que la parte civil constituida, no se presentaron a la sala de audiencia y un testigo que es hermano de la víctima fue amenazado de muerte momento que fue aprovechado por el tribunal para favorecer el acusado, con un descargo.
La sentencia fue apelada ante la corte de Montecristi, por el fiscal actuante y porque según la representante legal Mayra Gil, se violó la intimidad de la menor al publicarle tanto por el querellante como el tribunal el nombre de la menor, se pago una guagua anunciadora para que divulgaran los resultados de la audiencia que favorecía a Papo Fernández, perdió los estudios, descredito, violación de intimidad de domicilio, del tratado internacional y el artículo 355 del código penal.
Mediante la apelación se persigue que el imputado reconozca la violación cometida y cumpla con el acuerdo escrito notarial que es de ley indemnizar la menor, dijo la abogada Gil.
Finalizó diciendo que si el pueblo se equivoca y lleva a la cámara baja un representante de esa naturaleza, los padres no podrán dejar salir las hijas a las calles, porque con el privilegio que gozan los legisladores, se convertirá en un peligro público
A los reporteros de este medio se les hizo imposible, constatar a Papo Fernández, ya que no se encontraba en su casa ni comando de campaña, tampoco contesto al teléfono celular.
Hasta el día de hoy la corte no se ha pronunciado, sobre la aprobación o no del recurso incoado contra la sentencia emitida a favor del político del PRD en Santiago Rodríguez.
