Una gran cantidad de organizaciones realizaron junto a esta comunidad un encuentro con el objetivo de reclamar justicia ante el desalojo brutal que realizó la Policía Nacional a una familia que ocupaba terrenos por más de 50 años.
Las autoridades presentes condenaron este hecho y expresaron preocupación por la actuación y los excesos cometidos por el cuerpo del orden comandado en esa ocasión por el coronel Edwin Almanzar el cual fue trasladado de esta dotación policial a raíz de estos hechos.
La alcaldesa Sonia Mateo Espinosa, el gobernador Miguel Cruz Jiménez manifestaron ante la comunidad reunida que están siendo investigados los responsables de este brutal desalojo, al mismo tiempo dijeron que las leyes son claras y que por lo tanto nadie puede estar por encima de ellas.
Las organizaciones que estuvieron representadas allí fueron: Comité de los Derechos Humanos, Coordinadora de las Organizaciones Sociales de la Línea Noroeste, Foro Social Alternativo, Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) los cuales llegaron a la conclusión de formalizar una querella contra el comandante de la policía para que repare los daños físicos y materiales ocasionados a esta familia durante este desalojo.
Las representantes de estas organizaciones fueron Víctor Jerónimo, Víctor Romano, Julio Ovalle, Pedro Pablo Zapata, Máximo Basilio, entre otros.
En representación de la familia estuvo Isaías Pérez Peralta, quien narró los hechos acontecidos el día del desalojo, donde resultaron heridos a perdigonzazos la señora Milagros Abreu e Ignacio Abreu Peralta. Isaías pidió que se haga justicia en este caso porque de acuerdo a ellos, las personas que dicen ser los propietarios de estos terrenos no han presentado los documentos correspondientes. En el encuentro estuvieron presentes varios representantes de la comunidad, entre ellos: Ángel Sosa (el peregrino) y Pedro Rubén Rodríguez los cuales pidieron a las autoridades solidarizarse con la familia afectada.
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